Rúbrica
Una reforma para el poder y contra el ciudadano
Por Aurelio Contreras Moreno
La historia del juicio de amparo en México es, en buena medida, la historia de la
defensa de los ciudadanos frente a los embates del poder. Desde que se diseñó
como una herramienta para salvaguardar al individuo contra los abusos del
gobierno, el amparo se convirtió en la institución más emblemática del
constitucionalismo mexicano: el “juicio de garantías”.
No es exageración decir que el amparo ha protegido libertades, contenido la
voracidad de gobiernos autoritarios y hasta salvado vidas. Por eso, ahora que
desde el régimen se plantea “reformar” la Ley de Amparo, es inevitable
cuestionar sus verdaderas intenciones. Sobre todo cuando el morenato ha
demostrado que lo único que le interesa es concentrar el poder de manera
absoluta, sin posibilidad de contrapeso alguno.
La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que acaba de presentar la
presidenta Claudia Sheinbaum en el Senado confirma los peores temores.
Aunque envuelta en un discurso de supuesta eficiencia, austeridad y combate a
privilegios, el núcleo de la propuesta es claro: reducir al mínimo la capacidad de
los ciudadanos para frenar los abusos del Estado y ampliar las prerrogativas
gubernamentales frente a los gobernados.
El primer golpe está en la limitación misma de los efectos del amparo.
Tradicionalmente, cuando un juez concedía la suspensión de la aplicación de
una norma con claros visos de inconstitucionalidad, los beneficios podían
extenderse más allá del quejoso. Eso garantizaba que no solo quien acudiera a
un tribunal se librara de una norma abusiva, sino que esa protección beneficiara
en sentido amplio a la sociedad.
Pues esta reforma propone que el amparo beneficie exclusivamente al
solicitante. Se prohíben las suspensiones con efectos generales contra leyes,
decretos o disposiciones normativas. Dicho de otra manera: aunque una ley sea
inconstitucional, seguirá aplicándose a todos, menos a quien promovió y obtuvo
el amparo. El ciudadano queda indefenso frente al Poder Legislativo y Ejecutivo,
mientras que se reduce al juez a ser un árbitro de casos individuales, sin
posibilidad de detener abusos que afectan a miles o millones.
El retroceso es monumental. Desmantela el principio de igualdad ante la ley, ya
que lo que se considera violatorio de derechos para uno, seguirá siendo
obligatorio para todos los demás.
La iniciativa también busca restringir los amparos colectivos. La Constitución
reconoce la figura del “interés legítimo” precisamente para ampliar el acceso a la
justicia, de manera que grupos afectados pudieran impugnar normas o actos que
dañaran bienes colectivos –como el medio ambiente, por ejemplo. La propuesta
de reforma de Sheinbaum acota esos supuestos y establece que la afectación
jurídica debe ser diferenciada respecto del resto de las personas, lo que en la
práctica reduce al mínimo la posibilidad de accionar colectivamente.
Así, una comunidad afectada por la contaminación de una empresa o por la tala
masiva –por ejemplo, la de la selva maya- tendría que acreditar un daño
individual distinto para cada integrante, lo que vuelve inoperante el amparo como
mecanismo de defensa del interés común.
El discurso oficial justifica estas restricciones con un argumento falaz: que un
juez no debe tener la facultad de frenar reformas o leyes aprobadas
“democráticamente” por el Congreso, dizque por la separación de poderes. Lo
que omite decir es que ése es –o era, más bien- el papel de un Poder Judicial
independiente: ser un contrapeso frente al Ejecutivo y el Legislativo,
precisamente para equilibrar el poder y garantizar que los derechos humanos no
queden a merced de coyunturas e intereses políticos.
Quitar a los jueces la facultad de dictar medidas cautelares con efectos
generales es, en realidad, un desmantelamiento del control judicial de la
constitucionalidad. El ciudadano común pierde la posibilidad de detener un
atropello legal por su propia vía. Y si a eso sumamos que el Poder Judicial
también fue despojado de su independencia luego de las infames reforma y
elección judiciales, el escenario es demencial.
La exposición de motivos de la iniciativa no esconde que la motivación política
central es evitar que amparos frenen las reformas y programas del Ejecutivo. El
antecedente inmediato son los múltiples juicios que suspendieron los intentos de
reformas y decretos del régimen en los últimos años, los de la “4t”. Es decir: la
reforma de Sheinbaum no surge de una preocupación genuina por mejorar la
justicia, sino de la molestia del morenato ante los amparos que detuvieron sus
planes en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de una
revancha legislativa no solo contra los partidos opositores, sino contra la
ciudadanía que se atrevió a cuestionar al régimen en los tribunales.
La iniciativa de reforma es pues totalmente regresiva: quita facultades a los
jueces, limita los efectos protectores del amparo y fortalece la discrecionalidad
del Estado. En un país con un largo historial de autoritarismo y ante la brutal
reconcentración de poder de los últimos años, este retroceso debería encender
todas las alarmas.
Quitarle “dientes” al amparo equivale a dejar al individuo indefenso ante
decisiones gubernamentales que pueden afectar su patrimonio, su libertad y
hasta su vida. Aun cuando la reforma se vende como “modernización y
eficiencia”, en realidad es un blindaje para el gobierno, pues bajo el pretexto de
que un juez “no puede detener las decisiones de la mayoría, del pueblo”, lo que
se busca es que ningún ciudadano pueda detener ni defenderse del gobierno,
aunque éste viole la Constitución y los derechos humanos. Para muestra, la
prisión preventiva oficiosa o aquella ley autoritaria de “ultrajes a la autoridad” en
Veracruz.
Lo que está en juego no es un mero tecnicismo jurídico, sino la defensa misma
de los derechos humanos de los gobernados ante los abusos de los
gobernantes. Pero esta reforma, en lugar de fortalecer al ciudadano frente al
poder, lo coloca otra vez bajo su bota. Lo desarma y lo deja indefenso.
La regresión autoritaria va con todo.
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